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 Sanción de 300 euros a un vigilante por no llevar visible su placa identificativa.

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buhonocturno

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MensajeTema: Sanción de 300 euros a un vigilante por no llevar visible su placa identificativa.   Dom Nov 30, 2014 11:16 pm

Bueno, más vale tarde que nunca.


Mis preguntas de siempre ante las dudas de todos y mis dudas por poner un ejemplo son las siguientes......
¿Qué pensaréis sobre este tema ..................?

-¿Que hacía el funcionario grabando con su teléfono móvil dentro de esas instalaciones?
-¿Cumplía con su deber acosando y grabando desde su teléfono móvil personal o con que teléfono lo hizo?
-¿Es esa la función de grabar y acosar al vigilante de seguridad ?
-¿Qué saca a cambio con denunciar al vigilante por no llevar la placa visible, acaso en 15 años no ha pasado nada y ahora sí? ¿No es extraño este tema?.
- Cómo podríamos titular el asunto ¿El funcionario realizaba sus funciones o solo se excedía en sus ejercicios de sus funciones?
- ¿La labor de ese funcionario en qué consistía, ser espía que lo graba todo, ser chivato de otros para salvarse el trasero de algo que el funcionario habría hecho?
- Entonces…. si fuera un espía o un chivato ¿A cuántos habrá grabado y con qué derecho se le había asignado a realizar funciones fuera de sus ejercicios de sus funciones?

- ¿No será que, sobre este asunto de denuncias y denunciado a alguien se le escapa un tema aún mayor como el del acoso laboral o discriminar día a día y si no como se denomina el estar grabando al vigilante que realizaba sus funciones?
-Lo del espiar el funcionario a cualquier tipo de trabajadores además de estar grabando con teléfonos móviles personales sí que es esto un asunto muy grave, extralimitarse a sus ejercicios de sus funciones, si es que eso fuera cierto.
Entonces si esto fuera cierto……..  ¿dónde guarda dichas grabaciones sin autorización y porque lo hace?

-¿Al funcionario le han castigado o sancionado alguna vez por grabar dentro de esas instalaciones, persiguiendo al vigilante de seguridad?

-Sobre los asuntos que se han leído en esa noticia, hay algo que no encaja y como tal no encuadra bien.

Creo qué con tantas rarezas y casualidades que existen en este mundo algo debe de pasar, pienso que si esto fuera verdad la vida de ese funcionario no debe de ser muy normal, o bien pasa mucho tiempo aburrido o es que tenemos al descerebrado entre las personas normales, por su cabeza deben de pasar muchos cables estropeados y que deben de estar des-configuradas para poder ejercer sus funciones encomendadas en un centro de ese tipo de instalaciones.

La conclusión, si esto fuera cierto......, entonces tenemos un caso anormal de un individuo funcionario, que está descerebrado y trabajando en un centro de menores. Por lo tanto, el individuo tendría que tener una colección de fotos y vídeos, sacado desde su terminal del móvil personal y aunque pienso que este tema sería muy grave y con el fin de lucrarse el funcionario, esto ya es más grave aún.

Con el tiempo, podría ser que por aburrimiento de sus funciones y extralimitarse a sus ejercicios de sus funciones, el funcionario sin darse cuenta se haya convertido en delincuente y hasta la fecha del día de hoy nadie de su entorno se hayan dado cuenta.

El funcionario puede ser muy servicial con sus compañeros, pero la cara se le cambiaría cuando tiene a un trabajador de una contrata a su lado durante 15 años, muy raro este tipo de venganza.

Todavía no comprendo, ¿Qué hacía ese funcionario trabajando dentro de las instalaciones con su propio teléfono móvil personal, grabando a saber...... si es que no se estaba divirtiendo por su aburrimiento con eso poner en peligro las instalaciones y grabando a cualquiera además del vigilante. ¿A cuantos más habrá grabado?.

¿Cuál es el trabajo de ese funcionario?
¿En qué consiste su labor?
¿Qué cargos tiene?
¿Está cualificado mentalmente el funcionario para trabajar en un centro de menores?
A sabiendas si no era un enchufado de la vida y por eso se salva de sus fechorías.

¿Con qué permiso y derecho se le otorga en grabar a cualquiera con su teléfono móvil personal?
¿Es que no tiene boca para denunciar, que solo se dedica a grabar y con eso aprovechar la ocasión para poner la denuncia contra el vigilante?.
¿No escondería una copia de sus grabaciones para su colección privada o peor aún..donde guardaría dichas imágenes?
¿Quizás pudiera ser un caso oculto y que nadie se habría dado cuenta?.

A lo mejor, como el funcionario trabaja en un centro de menores y le gusta grabar a cualquiera......
A lo mejor grabando a menores……
no sé….......pero claro....... raro sería....... con tantos casos de pederastas......., ufffff…... cualquiera sabe si el mismo funcionario…………….
se esconde de algo.....a lo mejor es un acosador………..o algo similar.

Parece ser que no es la primera vez que ese funcionario se excede en sus funciones, por lo que menciona el vigilante en su denuncia. Trabajaban en el mismo lugar durante 15 años en el mismo sitio y ahora ¿viene el tema?.
En 15 años pueden pasar muchas cosas y como siempre pasa, al final llegan las malas caras, hasta que les llega el día.
El asunto es grave mirando el tema por donde se mire, si a la justicia se le escapa esto, entonces es más grave aún de lo que parece.

Dichas imágenes grabadas estarían descontroladas por un usuario que es un simple funcionario, grabó al vigilante mientras el vigilante trabajaba.
El funcionario estaría discapacitado para sus ejercicios de sus funciones y si se hubiera convertido en un descerebrado mental, entonces peor sería.
Por lo que dice la denuncia el funcionario se dedica a joder en el trabajo la vida de esa persona que trabaja día a día en esas instalaciones, ya no es ese trabajador si no las que se encuentran dentro de esas instalaciones en general.
Hay que tener cuidado con esos tipos de funcionarios que podría aparentar como buenas personas y serviciales, con doble personalidad que hasta la fecha nadie se habría dado cuenta.

Esas imágenes grabadas las podría sacar del centro, divulgarlas o enseñarlas a cualquiera, podría caer en manos de cualquier delincuente para poner en peligro al personal o colgarlas por el internete. puede captar imágenes de personas que se encuentran en esas instalaciones, pero a este paso cualquiera sabe si no se hace una película sobre esto.

¿Por qué grababa el funcionario con su teléfono móvil personal?
¿No será por una venganza……..?
Ya es demasiada casualidad.

Estas cosas pasan porque el funcionario está encima de él a cada momento, acosando a un empleado de la seguridad privada día a día o noche, noche.

Bueno, son demasiadas incógnitas.

Cualquiera que piense sobre este tema se daría cuenta que no es normal, de que un funcionario este a cada momento atosigando y grabando al empleado de la seguridad.

Sobre el funcionario por lo que se observa en la denuncia, solo se dedica a no cumplir con su deber y que al parecer todo más apunta a que el funcionario se divierte haciendo eso y a saber que más.
Quizás a lo mejor le gustaría desvelar los secretos que se encuentran en esas instalaciones, personal y personas.
¿Quién sabe si no fuera así? el tiempo lo dice todo.

Graba la ruta del vigilante, como actúa un vigilante, si lleva la placa o si no la lleva, las imágenes del móvil grabadas sin autorización y dentro de las instalaciones pueden captar otras imágenes, como un plano de las instalaciones, sitios restringidos, vestuarios y oficinas, documentos, sellos, pases,grabaciones de conversaciones privadas......, otras de las cuales sería el personal de limpieza y sus compañeros, también personas visitantes o menores del centro. Hay que llevar cuidado con lo que se graba.

Todo este asunto es por culpa de un asunto de olvido, pero...... en 15 años ya es demasiada casualidad, podría ser que lo hiciera para sacar provecho de una venganza por parte del funcionario acosador.

Ahora que....... por pagar la multa de no llevar la placa identificativa en el pecho y visible nadie se va ahogar en un charco.
se paga dicha multa y a cumplir con la ley. y ¿Quien denuncia al funcionario por lo que hace?
 
Por lo tanto, habría que preguntarse si ese funcionario a sido sancionado alguna vez por su extralabores….por poner en peligro la imagen de un trabajador………….a sabiendas que haría más….. si el funcionario solo lo que quería es quitárselo de en medio, con el fin de cambiar la cara del personal poco a poco y conseguir su objetivo,meter miedo para que se vaya, por casual que parezca. Cambiar de personal lo antes posible sería su objetivo haciendo lo que hace el funcionario es incomodar al personal, porque si no lo hiciera se le descubría su pastel.

Bueno, yo creo que si un juez estudiara un caso como este…..y fuera muy listo, se daría cuenta que el funcionario no realizaba su labor en sus ejercicios de sus funciones encomendadas, encontrándose distraído grabando y acosando día a día al personal, poniendo en peligro a las demás personas y al resto del personal de la seguridad privada, si eso fuera cierto se denominaría abuso de la autoridad.

Ufff, tantos casos hay....., de profesores pederastas,.... y ahora con eso de los curas...... y porque no ahora con funcionarios..... Habría que meter más la nariz y escarbar un poco no sea que………tengamos un caso peor…..

No me entra en mente, del por qué ese funcionario se dedica a grabar al personal para que le pongan multas.

A veces, la gente no es consciente de lo que hace ni tampoco es tan perfecta.
 
Si los funcionarios que pusieron dicha multa al vigilante de seguridad, por no llevar la placa visible, solo se dedicaron a sancionar al vigilante y no escucharon lo que mencionaba en la denuncia del vigilante, de que el funcionario le perseguía con su teléfono móvil….. y le acosaba con el móvil….....grabando………..metiéndose con el atosigando mientras los dos trabajaban, entonces estamos apañados.

A caso….
¿Es que no había delito por parte del funcionario que le había grabado?
¿Quien se atrevería a denunciar al funcionario?
¿Por qué el denunciante se aprovechó de la situación con grabaciones excediéndose de sus ejercicios de sus funciones?
¿Por qué grababa al vigilante y con qué intención?
¿A caso no es delito?
¿Es preferible poner una multa lo antes posible sin estudiar el caso del vigilante?.

No nos confundamos, que un olvido no se considera delito.

Lo del funcionario que ha grabado dichas imágenes para tener dichas pruebas sí que es un delito, porque boca tiene para denunciar y de las imágenes qué. ¿Quién responde a eso?  

Para alguno será un calvario soltar 300 euros de multa con tal de olvidar lo sucedido, pues para otros no sé si será justicia si uno cuenta la verdad.

Donde las dan las toman.

Si las denuncias sirven para algo, pues adelante, que con hacer justicia no se pierde la cruz.

Con el tema de las funciones encomendadas por los funcionarios que no cumplen con sus funciones deberían de ser castigado y condenado.

A estas alturas, ya nadie se asusta con tanta delincuencia.....pero si que es verdad que van cayendo poco a poco aquellos que acosan un trabajador.

Por si sirve de algo os dejo estos artículos, estudien o lean esto que es interesante…
.

Delitos contra la Administración pública

CAPÍTULO PRIMERO

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos]

-Artículo 404
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

-Artículo 405
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

-Artículo 406
La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

CAPÍTULO II

Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos

-Artículo 407
1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

-Artículo 408
La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

-Artículo 409
A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.

CAPÍTULO III

De la desobediencia y denegación de auxilio

-Artículo 410
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

-Artículo 411
La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

-Artículo 412
1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.

3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

CAPÍTULO IV

De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos

-Artículo 413
La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

-Artículo 414
1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses.

-Artículo 415
La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

-Artículo 416
Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos.

-Artículo 417
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para terceros, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

-Artículo 418
El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años.

CAPÍTULO V

Del cohecho

-Artículo 419
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

Artículo 419 redactado por el apartado centésimo decimonoveno del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 420
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años.
Artículo 420 redactado por el apartado centésimo vigésimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 421
Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos.
Artículo 421 redactado por el apartado centésimo vigésimo primero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 422
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

-Artículo 422 redactado por el apartado centésimo vigésimo segundo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 423
Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 423 redactado por el apartado centésimo vigésimo tercero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 424
1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de tres a siete años.

Artículo 424 redactado por el apartado centésimo vigésimo cuarto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 425
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 425 redactado por el apartado centésimo vigésimo quinto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 426
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

Artículo 426 redactado por el apartado centésimo vigésimo sexto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 427
1. Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a los funcionarios de la Unión Europea o a los funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la Unión.
A estos efectos se entenderá que es funcionario de la Unión Europea:

• 1.º toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o del Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea;

• 2.º toda persona puesta a disposición de la Unión Europea por los Estados miembros o por cualquier organismo público o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la Unión Europea;

• 3.º los miembros de organismos creados de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como el personal de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea no les sea aplicable.
Asimismo, se entenderá por funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión el que tenga esta condición a los fines de la aplicación del Derecho penal de dicho Estado miembro.

2. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

• a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

• b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.

• c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33

Artículo 427 redactado por el apartado centésimo vigésimo séptimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010


CAPÍTULO VI

Del tráfico de influencias

-Artículo 428
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

Artículo 428 redactado por el apartado centésimo vigésimo octavo del artículo único del L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 429
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

Artículo 429 redactado por el apartado centésimo vigésimo noveno del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 430
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Párrafo 2.º del artículo 430 redactado por el apartado centésimo trigésimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 Párrafo 3.º del artículo 430 introducido por el apartado centésimo trigésimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 431
En todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.


CAPÍTULO VII

De la malversación

-Artículo 432
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.

3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.
Número 3 del artículo 432 redactado por el apartado centésimo trigésimo noveno del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

-Artículo 433
La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.
Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior.

..-Artículo 433 bis
1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.
Artículo 433 bis introducido por el apartado doce del artículo único de la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social («B.O.E.» 28 diciembre).Vigencia: 17 enero 2013

-Artículo 434
La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, Autonómica o Local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

-Artículo 435
Las disposiciones de este capítulo son extensivas:

• 1.º A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones Públicas.

• 2.º A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
 
• 3.º A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.

CAPÍTULO VIII

De los fraudes y exacciones ilegales

-Artículo 436
La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.

Artículo 436 redactado por el apartado centésimo trigésimo primero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 437
La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

-Artículo 438
La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
CAPÍTULO IX

De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función

-Artículo 439
La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Artículo 439 redactado por el apartado centésimo trigésimo segundo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

-Artículo 440
Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años.

-Artículo 441
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

-Artículo 442
La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el beneficio
perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. A los efectos de este artículo, se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.

-Artículo 443
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior.

2. El funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años.

3. En las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados de persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá, asimismo, en estas penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de forma estable por análoga relación de afectividad.

Artículo 443 redactado por el apartado centésimo cuadragésimo del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

-Artículo 444
Las penas previstas en el artículo anterior se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos.

Artículo 444 redactado por el apartado centésimo cuadragésimo primero del artículo único de L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

CAPÍTULO X

De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales

-Artículo 445
1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a los funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales, en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales, serán castigados con las penas de prisión de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al duplo del montante de dicho beneficio.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.
Las penas previstas en los párrafos anteriores se impondrán en su mitad superior si el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad.

2. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

3. A los efectos de este artículo se entiende por funcionario público extranjero:

• a) Cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, tanto por nombramiento como por elección.

• b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública.

• c) Cualquier funcionario o agente de una organización internacional pública.



http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html

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Un saludo, y aquí dejo esa Noticia, Tomen sus conclusiones y a luchar por la lealtad del deber, como ciudadano o como trabajador.

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